Opinión | TRIBUNA/ Diario Información
Doctor por la Universidad de Alicante (UA), profesor jubilado de la UA e integrante de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica
Miguel Hernández, memoria de la desmemoria
Diferentes instancias han reivindicado la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales que condenaron a Miguel y a las víctimas de la Dictadura
Miguel Hernández, memoria de la desmemoria / L.O.
Se acerca el 31 de octubre, día establecido por la Ley de Memoria Democrática para recordar y homenajear a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura y, entre ellas, singularmente, al «poeta del pueblo» Miguel Hernández. En las últimas semanas, diferentes instancias han reivindicado la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales que condenaron a Miguel y a las víctimas de la Dictadura, así como de las condenas y sanciones que les impusieron a partir del golpe de Estado de 1936. Una reclamación justa, aunque hoy innecesaria porque la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática determina inequívocamente que tribunales y sentencias son ilegales e ilegítimos. Una realidad que es parte de nuestro ordenamiento jurídico y que, consecuentemente, debemos conocer, acatar y defender los ciudadanos y las instituciones que nos representan.
Entre las referidas iniciativas se cuentan loables intenciones, pero también artimañas reaccionarias que, una vez más, pugnan por tergiversar la verdad histórica, propalando bulos y equiparando lo que es radicalmente diferente, o haciendo equidistante lo que es absolutamente desigual. De nuevo se pretende blanquear la historia redescubriendo el Mediterráneo, algo que debe evitarse apelando a los hechos acreditados y haciendo memoria de la desmemoria.
Pronto hará cincuenta años que, en plena transición a la democracia, se celebró en Orihuela el Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández (1976). En esa efeméride enraízan los antecedentes remotos de la Comisión Cívica que, posteriormente, impulsó el Homenaje Internacional a los Poetas del Sacrificio (Miguel Hernández, Federico García Lorca y Antonio Machado) realizado en Alicante (1985). De ahí su nombre: Asociación de Estudios Miguel Hernández. Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Tras años de reuniones en la librería Compas, en febrero de 1990, se redactó el acta fundacional de la Asociación de Estudios Miguel Hernández, aglutinante de un grupo de alicantinos apasionados por la vida y la obra hernandianas, que impulsaron actividades como la concentración anual ante su tumba; la recuperación de su expediente judicial y carcelario y la edición del libro Proceso y expediente contra Miguel Hernández. Un ensayo jurídico sobre el derecho represor franquista (1992), del fiscal Gutiérrez Carbonell; así como la Exposición 50x50. Homenaje a M. Hernández (1992) o la instalación de una escultura homenaje (1998), obra de Agar Blasco, en el lugar del Reformatorio de Adultos (Juzgados de Alicante) donde estuvo la enfermería, y donde murió abandonado y desatendido por quienes debieron ampararlo.
Nuestro ordenamiento jurídico ampara, por fin, a todas las víctimas de la represión franquista
A partir de 2004, la Comisión Cívica reforzó sus proyectos para restablecer la verdad histórica y recuperar la memoria de los logros de la II República, que el franquismo se empecinó en negar, ningunear u ocultar. En el verano de 2009, contactó con los herederos del poeta para ofrecerles dos iniciativas orientadas al logro de la reparación moral y al reconocimiento personal contemplados en la Ley de Memoria Histórica (2007) y, sobre todo, a la anulación de su condena a muerte, dictada en consejo de guerra celebrado en enero de 1940. En octubre, se presentó la documentación pertinente en la Subdelegación del Gobierno, se inició la recogida de firmas y se invitó a los centros educativos, corporaciones municipales y entidades culturales y cívicas a adherirse a la petición. La Comisión entendió siempre que ello significaría el primer paso para abordar la anulación de cuantas sentencias dictaron los consejos de guerra franquistas.
El 26 de marzo de 2010, la vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Justicia, la ministra de Cultura, y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial se desplazaron a la Universidad de Alicante para entregar a la familia de Miguel una Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica vigente. El acto contó con la asistencia de Marcos Ana y Lucía Izquierdo, nuera del poeta, que agradeció los esfuerzos de la Comisión Cívica y recordó la necesidad de anular la sentencia para que no acabase el año del centenario sin «la eliminación de esa losa tan grande que pesa sobre su memoria».
La Comisión consideró insuficiente esa reparación. De hecho, antes de que se materializase, había iniciado la búsqueda de documentación para fundamentar la petición de nulidad de la sentencia. Trabajaron en ello Enrique Cerdán Tato, Manuel Parra y Carlos Candela, coordinador de un equipo de juristas que preparó el recurso que la familia del poeta presentó ante el Tribunal Supremo, adjuntando pruebas de la existencia de otro proceso sumarísimo, desconocido hasta entonces, que investigó y publicó Enrique Cerdán Tato en el libro El otro sumarísimo contra Miguel Hernández. En diciembre de 2010, la Comisión presentó en la Subdelegación del Gobierno más de 1.400 firmas solicitando la anulación de la condena de Miguel Hernández, que contó además con el apoyo de las Cortes Valencianas, las Diputaciones de Alicante, Valencia y Almería, cuarenta ayuntamientos y numerosos centros educativos y entidades cívicas.
No es tiempo para vindicar trasnochados egotismos; y lo es menos para enturbiar el reconocimiento de un poeta universal, que nunca será suficientemente homenajeado. Pero sí es oportuno recordar y difundir rotundamente que nuestro ordenamiento jurídico ampara, por fin, a todas las víctimas de la represión franquista. Y que ese amparo, que es patrimonio valiosísimo e irrenunciable, debe defenderse radicalmente porque está cimentado en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de la paz e igualdad de hombres y mujeres. Respaldar y defender ese amparo nos parece la estrategia idónea para hacer que prevalezca la convivencia democrática e impere la memoria sobre la desmemoria interesada.
Tomado del Diario Información
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