Enrique Cerdán Tato publica en septiembre un libro en el que analiza el procedimiento sumarísimo abierto contra Miguel Hernández en Orihuela
DIARIO INFORMACION, 22 de agosto
MARÍA POMARES
Una comisión promovida por el Ayuntamiento de Alicante localizaba en el año 1990 el procedimiento sumarísimo que el Ejército instruyó contra Miguel Hernández tras la Guerra Civil: el 21.001. Ahora, dos décadas después, y coincidiendo con el centenario del nacimiento del creador oriolano, el escritor y periodista alicantino Enrique Cerdán Tato ha descubierto el otro proceso al poeta, el procedimiento sumarísimo 4.487, incoado en Orihuela, y que, en apenas unas semanas, se traducirá en el libro "El otro sumarísimo contra Miguel Hernández".
La obra, editada por el Ayuntamiento de Elche y que verá la luz a principios de septiembre, combina las reproducciones de los documentos descubiertos con los comentarios de Cerdán Tato, así como con otras referencias al proceso 21.001 y correspondencia.
Sin embargo, por encima de todo, y como explica su autor, "pone de manifiesto que a Miguel Hernández se le abrió un juicio paralelo por adhesión a la rebelión lleno de irregularidades, no sólo ilegítimo, sino también ilegal, y que sólo se archivó tras su muerte". Por otro lado, apunta que "el expediente contribuye a reforzar la inocencia del poeta y revela que se ocultó información decisiva para el proceso principal, el 21.001, y, sobre todo, algunos avales que podrían haber jugado a su favor en caso de haber llegado al Juzgado Militar de Prensa de Madrid". Y es que, como relata, "hay constancia documental de que, en al menos dos ocasiones, el juzgado de Madrid pidió al de Orihuela que se inhibiera a su favor y que le enviara todas las actuaciones, algo que no se produjo en ningún momento". De hecho, "el procedimiento pasó de Orihuela a Elche y, posteriormente, a Alicante, y contó con hasta seis jueces distintos, sin que ninguno de ellos, salvo el de Elche, se decidiera a inhibirse", indica. Así, precisa que "todos estos factores pueden suponer la nulidad de la condena que se le impuso y, por eso, hemos presentado los documentos ante el Supremo".
El libro también ayuda a esclarecer algunos datos biográficos de los últimos años del poeta. De esta forma, contra lo que se pensaba hasta el momento, la detención de Miguel Hernández se produjo el día 28 de septiembre, y no el día 29, como prueba el procedimiento sumarísimo 4.487, después de que un oficial del juzgado municipal de Orihuela, conocido como "El Pata Gorda", lo delatara. Sólo tres días después, el 1 de octubre, se procedía a la declaración indagatoria, en la que Miguel Hernández admitía por primera vez, como subraya Cerdán Tato, que se afilió al Partido Comunista en septiembre de 1936. Durante esa declaración, el autor de "Nanas de la cebolla" negó que hubiera viajado a Rusia y lo atribuyó a "propaganda del Partido Comunista". También achacaba su puesta en libertad a la "intercesión" de José María de Cossío, Rafael Sánchez Mazas y Eugenio Montes. Además, presentaba los avales de Juan Bellot, secretario provincial de milicias de FET y de las JONS de Valencia; y de Diego Romero, alférez provisional. Precisamente el aval de Romero, que recogía que Miguel Hernández "es una persona de garantía y orden", es lo que le permitió conseguir el salvoconducto con el que regresó a Cox en septiembre de 1939, tras su salida de la cárcel de Torrijos. No obstante, el autor del libro atribuye su puesta en libertad "a un choque de competencias entre las autoridades civiles y militares, ya que el gobernador civil de Huelva envió lo actuado a ambas y, finalmente, el gobernador civil de Madrid consideró que era un preso gubernativo sin responsabilidades penales. Luego, la vista del Consejo de Guerra se señaló para el 7 de octubre, y fue cuando los militares se enteraron de que había sido puesto en libertad por orden del director general de Seguridad y montaron en cólera".
Finalmente, la Dirección General de Prisiones ordenó el traslado a Madrid del detenido el 24 de noviembre, "y el 3 de diciembre abandonó definitivamente Orihuela para nunca más volver", puntualiza Cerdán Tato.
El procedimiento también incorpora un informe del alcalde de Orihuela, Baldomero Giménez, de 4 de diciembre de 1939, en el que describe a Hernández como un "elemento de izquierdas, afiliado al Partido Comunista, Comisario de Brigada, de la de "El Campesino", que ha hecho mucha propaganda roja en periódicos y folletos, y fue a Rusia comisionado por el Gobierno rojo. Fue uno de los que arengó a las tropas rojas en el asalto al Santuario de la Virgen de la Cabeza". Es más, uno de los "testigos", Luis Tormo, afirmó que fue uno de los asaltantes e incluso trajo objetos de allí a "amigos" de Orihuela.
Las indagaciones en Orihuela acaban el 13 de diciembre y hay un salto hasta el 15 de agosto de 1941, cuando el juzgado de Elche certificó la recepción de los 18 folios del proceso 4.487 procedentes del Juzgado Militar de Orihuela, por orden de la Auditoría de Guerra. Para entonces, ya existía una condena a la pena capital contra el poeta, que, además, le había sido conmutada. Posteriormente, en enero de 1942, el caso pasó a Alicante.
Cerdán Tato argumenta que "Miguel Hernández se convirtió en un trofeo de caza por lo que simbolizaba para la causa republicana y, de ahí, que ningún juez, salvo el de Elche, quisiera inhibirse". Los cambios se sucedieron hasta que, en junio de 1942, el auditor, en un oficio dirigido a sus superiores, manifestó la conveniencia de archivar el caso por "óbito del inculpado". El último documento foliado, el número 45, de agosto de 1949, recoge el momento en el que se pasó el procedimiento a la Fiscalía Jurídico-Militar y al Gobierno Militar de Alicante para su archivo "a efectos de estadísticas".
Entre las irregularidades del procedimiento, Enrique Cerdán Tato también reseña que el subinspector de la Guardia Municipal que está presente cuando interrogan a Miguel Hernández, Hermenegildo Riquelme, aparece posteriormente como testigo y, de profesión, empleado.
