La Universidad de Alicante borra en Internet el nombre del secretario del juicio contra Miguel Hernández
El campus, tras la petición de un familiar, elimina de dos artículos digitales el nombre del alférez que participó en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta
En una decisión inédita y que podría trastocar el ejercicio en España de la profesión de historiador, la Universidad de Alicante (UA)
ha accedido a la petición del hijo de un alférez del Ejército
franquista que ejerció de secretario judicial en uno de los consejos
militares que condenaron a muerte a Miguel Hernández.
El familiar de Antonio Luis Baena Tocón solicitó a la UA que “se
proceda a acordar la eliminación de los datos personales” de su padre,
que aparecen en varios artículos de Internet escritos por Juan Antonio
Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de esa misma
institución.
Amparándose en la ley de protección de datos personales y del reglamento europeo,
el solicitante anuncia una reclamación a la Agencia Española de
Protección de Datos y el inicio de un procedimiento judicial en caso
contrario.
La UA ha estimado la petición y ha eliminado (desindexado) el nombre completo de Baena Tocón, que participó en uno de los consejos de guerra que acabaron condenando al poeta —la pena fue conmutada posteriormente por 30 años de cárcel—, que, sin embargo, murió dos años después, a los 31, de tuberculosis en el reformatorio para adultos de Alicante en 1942. El hijo de Baena Tocón explicó anoche por correo electrónico a este diario las razones que le han llevado a la reclamación: “He constatado falsedades respecto a cómo era su forma de ser y actuar, de cómo fue su vida... Lo presentan como verdugo y fue una víctima más”.
La UA deja solo las iniciales en uno de los textos alojados en su web. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, también vinculada al centro, ha hecho lo mismo con otro de los artículos de Ríos Carratalá, experto en memoria histórica y autor de varios libros, entre ellos, Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista (Renacimiento), en el que habla de Baena, entre otros personajes.
La resolución argumenta lo siguiente: “Una vez realizada la ponderación considerando la licitud de la investigación científica, el interés de la publicación difundida, y en la medida que Antonio Luis Baena Tocón no alcanza la consideración de figura pública [sic], se interpreta que debe garantizarse la protección de supresión y el derecho al olvido digital del afectado”. La resolución está firmada por el gerente de la UA, Rafael Pla.
Desde que el pasado viernes se dio a conocer esta resolución son numerosos los estudiosos de Literatura e Historia que han manifestado en redes sociales sus dudas y su temor ante una decisión que abre un debate sobre los límites de la investigación y de la libertad de expresión. Ríos Carratalá, sin embargo, declinó este lunes manifestarse y trasladó las explicaciones a su abogado. Sí se explica el catedrático en un escrito incorporado a la resolución de la UA. Allí argumenta que, como catedrático e investigador, “analiza la participación de quienes formaron parte de aquellos tribunales” y señala que los datos aportados no afectan a la vida privada del afectado y son relevantes “para conocer las actividades del Juzgado Especial de Prensa durante el periodo 1939-1943”.
El catedrático añade que “la información expuesta fue facilitada por
los archivos militares de Madrid y Segovia” y que “no fueron utilizados
ninguno de los datos relativos a la vida privada y a la intimidad que no
resultan relevantes para la información pública o la investigación
histórica”. E incide en que “provisionalmente y hasta la resolución de
este procedimiento” él mismo ha utilizado las iniciales del afectado, si
bien subraya que los datos de “D. Antonio Luis Baena Tocón facilitados
en los artículos son conocidos públicamente desde 1990, cuando el
afectado estaba vivo, gracias a distintas publicaciones académicas que
nunca fueron objeto de reclamaciones o querellas”.
Son numerosos los documentos que aparecen en Internet cuando se teclea en un buscador el nombre del que fuera secretario judicial e interventor del Ayuntamiento de Córdoba nombrado en 1966, como se informa en una publicación de la época. En uno de ellos, Ríos Carratalá escribe: “(...) el alférez Baena Tocón, que tanto podría haber contado a los especialistas en la biografía de Miguel Hernández, realizaba durante la posguerra una labor esencial a las órdenes del juez instructor: el expurgo, vaciado y/o desaparición de los fondos de la prensa republicana depositados en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Su objetivo era la búsqueda de ‘delitos’, que agravaba con comentarios cuyas consecuencias podían ser una condena a muerte”.
Ríos Carratalá remitió sus declaraciones a su abogado, José Luis Romero. Este explicó: “De momento, se sigue la vía administrativa y se ha presentado un recurso de alzada al rector. En función de su respuesta, decidiremos si vamos al contencioso-administrativo”. El letrado considera que “por encima de todo, hay una lesión al derecho fundamental de libertad de expresión en términos de la investigación histórica”. Considera que si había un tribunal en un juicio sumarísimo, el secretario judicial es una figura pública y, por tanto, figura con nombres y apellidos, como sucede ahora con los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales).
Dos reputados historiadores como Isabel Burdiel y José Álvarez Junco se muestran muy cautos porque no conocen el caso. Álvarez Junco no ve clara la argumentación de la UA relativa a que el afectado no alcanzó “la consideración de figura pública”. “Eso no es problema. Es una cuestión más jurídica, aunque puede atentar contra el derecho a la libertad de expresión. Y en caso de duda, yo apuesto por la libertad de expresión. Era una causa pública y como militar puede que al afectado le obligaran a ser secretario judicial... En fin, de ser así no podríamos hablar de nombres ni ejecuciones; siempre habrá un nieto que entiende que no se le puede mencionar. En principio, me parece un poco escandaloso”.
Burdiel, por su parte, sostiene que “las dos partes pueden tener razón. Como decía Isaiah Berlin, son verdades opuestas que son verdad”. “Habría que ceñirse a lo que diga un juez”, añade, al tiempo que señala que la problemática atañe más a los historiadores del siglo XX que a los del XIX, como ella.
(Nota de Palmeral.- Lo cierto es que Baena Tocón aparece en el sumario 21.001 como secrertario en las diligencias indagatorias en julio de 1939; pero no figura en la Sentencia a muerte 18 de enero de 1904, dice "Sr Secrerario pep sin nombre". Sí están: Presidente: Comandante Pablo Alfaro Alfaro, como cales: capitanes Francisco Pérfez Muñoz, Ignacio Dias Aguilar, y alférez Miguel Caballer y Celis, y vocal ponente capitán Vidal Morales. En esta sentencia aparecr un "Señor Secretario" sin nombre, y no figura ni firma Baena Tocón, podría ser otro secretario), por ello, al no figurar su nombre no corresponde derecho al olvido alguno ver:
Por otra parte es una contradicción el derecho al olvido digital, contra el derecho a la verdad, y confrontados ambos derechos debe prevalecer es de la verdad. Pero esta verdad conlleva que se averigüen la verdad, de ambos bandos. A pesar de lo comentado el derecho al olvido no afecta a un trabajo de invetigación hitorica o literaria, como la del proesor Juan Antonio Ríos Carratará.
Leer un artículo de Ramón Palmeral
Por otra parte es una contradicción el derecho al olvido digital, contra el derecho a la verdad, y confrontados ambos derechos debe prevalecer es de la verdad. Pero esta verdad conlleva que se averigüen la verdad, de ambos bandos. A pesar de lo comentado el derecho al olvido no afecta a un trabajo de invetigación hitorica o literaria, como la del proesor Juan Antonio Ríos Carratará.
Leer un artículo de Ramón Palmeral
MÁS INFORMACIÓN
La UA ha estimado la petición y ha eliminado (desindexado) el nombre completo de Baena Tocón, que participó en uno de los consejos de guerra que acabaron condenando al poeta —la pena fue conmutada posteriormente por 30 años de cárcel—, que, sin embargo, murió dos años después, a los 31, de tuberculosis en el reformatorio para adultos de Alicante en 1942. El hijo de Baena Tocón explicó anoche por correo electrónico a este diario las razones que le han llevado a la reclamación: “He constatado falsedades respecto a cómo era su forma de ser y actuar, de cómo fue su vida... Lo presentan como verdugo y fue una víctima más”.
La UA deja solo las iniciales en uno de los textos alojados en su web. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, también vinculada al centro, ha hecho lo mismo con otro de los artículos de Ríos Carratalá, experto en memoria histórica y autor de varios libros, entre ellos, Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista (Renacimiento), en el que habla de Baena, entre otros personajes.
La resolución argumenta lo siguiente: “Una vez realizada la ponderación considerando la licitud de la investigación científica, el interés de la publicación difundida, y en la medida que Antonio Luis Baena Tocón no alcanza la consideración de figura pública [sic], se interpreta que debe garantizarse la protección de supresión y el derecho al olvido digital del afectado”. La resolución está firmada por el gerente de la UA, Rafael Pla.
Decisión cautelar
La institución incidió este lunes en que se trata de una decisión cautelar y provisional, adoptada a partir del informe de la delegación de Protección de Datos y que una comisión tomará una determinación definitiva.Desde que el pasado viernes se dio a conocer esta resolución son numerosos los estudiosos de Literatura e Historia que han manifestado en redes sociales sus dudas y su temor ante una decisión que abre un debate sobre los límites de la investigación y de la libertad de expresión. Ríos Carratalá, sin embargo, declinó este lunes manifestarse y trasladó las explicaciones a su abogado. Sí se explica el catedrático en un escrito incorporado a la resolución de la UA. Allí argumenta que, como catedrático e investigador, “analiza la participación de quienes formaron parte de aquellos tribunales” y señala que los datos aportados no afectan a la vida privada del afectado y son relevantes “para conocer las actividades del Juzgado Especial de Prensa durante el periodo 1939-1943”.
Son numerosos los documentos que aparecen en Internet cuando se teclea en un buscador el nombre del que fuera secretario judicial e interventor del Ayuntamiento de Córdoba nombrado en 1966, como se informa en una publicación de la época. En uno de ellos, Ríos Carratalá escribe: “(...) el alférez Baena Tocón, que tanto podría haber contado a los especialistas en la biografía de Miguel Hernández, realizaba durante la posguerra una labor esencial a las órdenes del juez instructor: el expurgo, vaciado y/o desaparición de los fondos de la prensa republicana depositados en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Su objetivo era la búsqueda de ‘delitos’, que agravaba con comentarios cuyas consecuencias podían ser una condena a muerte”.
Ríos Carratalá remitió sus declaraciones a su abogado, José Luis Romero. Este explicó: “De momento, se sigue la vía administrativa y se ha presentado un recurso de alzada al rector. En función de su respuesta, decidiremos si vamos al contencioso-administrativo”. El letrado considera que “por encima de todo, hay una lesión al derecho fundamental de libertad de expresión en términos de la investigación histórica”. Considera que si había un tribunal en un juicio sumarísimo, el secretario judicial es una figura pública y, por tanto, figura con nombres y apellidos, como sucede ahora con los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales).
Dos reputados historiadores como Isabel Burdiel y José Álvarez Junco se muestran muy cautos porque no conocen el caso. Álvarez Junco no ve clara la argumentación de la UA relativa a que el afectado no alcanzó “la consideración de figura pública”. “Eso no es problema. Es una cuestión más jurídica, aunque puede atentar contra el derecho a la libertad de expresión. Y en caso de duda, yo apuesto por la libertad de expresión. Era una causa pública y como militar puede que al afectado le obligaran a ser secretario judicial... En fin, de ser así no podríamos hablar de nombres ni ejecuciones; siempre habrá un nieto que entiende que no se le puede mencionar. En principio, me parece un poco escandaloso”.
Burdiel, por su parte, sostiene que “las dos partes pueden tener razón. Como decía Isaiah Berlin, son verdades opuestas que son verdad”. “Habría que ceñirse a lo que diga un juez”, añade, al tiempo que señala que la problemática atañe más a los historiadores del siglo XX que a los del XIX, como ella.
“Mi padre, como todo el mundo, tuvo sus fallos y sus virtudes”
José F. Baena, hijo del que fuera secretario judicial en el juicio a
Miguel Hernández, contestó este lunes por la noche por correo
electrónico a las preguntas de este periódico. El motivo que le ha
llevado a demandar el derecho de supresión de datos es que su padre,
“como todo el mundo, tuvo sus fallos y sus virtudes”, pero ha visto
“reescrita” su vida. “Lo presentan como verdugo y fue una víctima más.
Para colmo, víctima del bando republicano (a pesar de que fue donde tuvo
más amigos) y víctima del bando nacional...”, señala. “Me vi desbordado
por las publicaciones y lo puse en manos de mi abogado. Estoy
descubriendo muchos aspectos que mi padre nunca dio a conocer”, y añade:
“Ahora lo valoro mucho más, estoy convencido de que merece que alguien
enderece los renglones que alguien se ha empeñado en torcer...”
Preguntado por qué no había actuado con anterioridad, José F. Baena que se define como un hombre corriente que no es investigador ni político, asegura que no tenía “constancia de las publicaciones y sus difusiones hasta muy recientemente, solo unos pocos meses”. “De alguna de esas publicaciones o difusiones he tenido constancia tan solo hace unos días, cuando una hija me enseña lo que dicen de su abuelo (a quien conoció muy bien) por Internet o cuando algún amigo cordobés me comenta lo que alguien que tiene mucho que callar, dijo en la prensa cordobesa sobre él”, comenta.
José F. Baena señala que ha esperado algunos meses para investigar por todo tipo de archivos y en diferentes ciudades. “En mi casa no se habló jamás de la guerra. En mi familia hicieron daño los dos bandos enfrentados y ahora, uno de ellos, está haciendo su panfletario político a costa de...”, explica el hijo de Antonio Luis Baena Tocón, que murió en 1998 sin enterarse de lo que se contaba sobre él.
El catedrático de Literatura Juan Antonio Ríos Carratalá defiende en su escrito a la Universidad de Alicante que ha solicitado “en reiteradas ocasiones” a José F. Baena que concretara los datos personales de su padre insertos en los enlaces de Internet”.
..................
Preguntado por qué no había actuado con anterioridad, José F. Baena que se define como un hombre corriente que no es investigador ni político, asegura que no tenía “constancia de las publicaciones y sus difusiones hasta muy recientemente, solo unos pocos meses”. “De alguna de esas publicaciones o difusiones he tenido constancia tan solo hace unos días, cuando una hija me enseña lo que dicen de su abuelo (a quien conoció muy bien) por Internet o cuando algún amigo cordobés me comenta lo que alguien que tiene mucho que callar, dijo en la prensa cordobesa sobre él”, comenta.
José F. Baena señala que ha esperado algunos meses para investigar por todo tipo de archivos y en diferentes ciudades. “En mi casa no se habló jamás de la guerra. En mi familia hicieron daño los dos bandos enfrentados y ahora, uno de ellos, está haciendo su panfletario político a costa de...”, explica el hijo de Antonio Luis Baena Tocón, que murió en 1998 sin enterarse de lo que se contaba sobre él.
El catedrático de Literatura Juan Antonio Ríos Carratalá defiende en su escrito a la Universidad de Alicante que ha solicitado “en reiteradas ocasiones” a José F. Baena que concretara los datos personales de su padre insertos en los enlaces de Internet”.
..................
Antonio Luis Baena Tocón. Hasta hace pocos días muy poca gente conocía el nombre del hombre que actuó como secretario en el juicio a Miguel Hernández. Era un completo desconocido. Sin embargo, en apenas unas horas, Antonio Luis Baena Tocón tiene página propia en la Wikipedia,
en la que se explica su participación en el juicio del poeta oriolano, y
durante unas horas ha protagonizado uno de los trending topic en la red
social Twitter, es decir, uno de los temas más comentados del día en
la red social.
¿Pero qué ha pasado para que un perfecto desconocido hasta hace unos días tenga tanto protagonismo en redes? Es lo que se conoce como el efecto 'streisand'. El hijo de Baena Tocón pidió a la Universidad de Alicante y a otras webs y medios de comunicación que retirara el nombre de su padre de varias publicaciones en nombre de la Ley de Protección de Datos y del derecho al olvido digital. La Universidad de Alicante aceptó de manera cautelar a borrar de su buscador de internet el nombre del secretario judicial y la decisión fue recogida en una noticia de El País.
A partir de ahí, historiadores, medios de comunicación, investigadores y juristas alertaron sobre lo delicado del asunto. "Lo que está en juego es nuestro derecho a la Memoria Histórica", decía a Público el jurista Carlos Sánchez Almeida.
Y las redes sociales y la comunidad de internautas hicieron el resto.
Rápidamente el nombre de Antonio Luis Baena Tocón inundó las redes
sociales y Jorge Castrillón, editor de Wikipedia, creó una entrada en la Wikipedia, la enciclopedia libre, que señala, entre otras cosas, lo siguiente:
"Fue miembro de varios consejos de guerra relacionados con el Juzgado Especial de Prensa,
destacando el instruido contra el poeta Miguel Hernández, condenado a
muerte en marzo de 1940 –la pena fue posteriormente conmutada por 30
años de prisión–. Baena Tocón figuró como secretario del mismo, a pesar de no tener la titulación necesaria para ello al haber aprobado tan solo unas pocas asignaturas de Derecho", señala el artículo creado el mismo martes por la tarde en la enciclopedia libre.
Así, el intento de borrar de la Historia la participación de Baena Tocón en el juicio a Miguel Hernández ha sido un sonado fracaso.
La UA ha accedido de manera cautelar a la petición del hijo del alférez
franquista, sin embargo, miles de personas han conocido el nombre de
una persona que hasta el momento desconocían por completo. Un tiro por la culata en toda regla.
Castrillo, editor de Wikipedia que ha creado este artículo, ha señalado a Público que
lo sucedido en las últimas horas con el caso de Baena Tocón muestra que
"en estos tiempos es imposible 'contener' información" por mucho que se
intente. "La cantidad de reacciones en diferentes plataformas demuestra
que hay ganas de saber qué ocurrió durante el franquismo y que el 'pacto de silencio' de la Transición está definitivamente roto, por muy nerviosos que se pongan algunos familiares o ciertas formaciones políticas", ha señalado Castrillo.
La Universidad de Alicante mantiene el borrado
Mientras tanto, la Universidad de Alicante ha ofrecido este miércoles nuevas explicaciones sobre su decisión de eliminar del buscador de internet el nombre de Luis Baena Tocón. El rector de la entidad académica, Manuel Palomar,
ha explicado que, de momento, mantendrá el 'borrado' de las dos
publicaciones sobre Hernández, mientras que los servicios técnicos y
jurídicos de la UA estudian la manera de revertir su decisión. La
resolución final, según ha anunciado el rector, llegará en "los próximos días".
Palomar también ha explicado que tomaron la
decisión de eliminar el nombre de las búsquedas "porque el plazo máximo
para tomar una decisión acababa el lunes" pasado y tenían que tomar una decisión cautelar garantista a la espera de un estudio más en profundidad.
El rector, de esta forma, ha incidido en que lo que se está estudiando ahora es la manera de que "los metadatos"
de una investigación, es decir, todo aquello que puede aparecer en el
catálogo de su buscador, "forme parte de la obra" realizada por
cualquiera de sus profesionales. De esta forma, "no estarían sujetos a
la Ley de Protección de Datos" o al llamado derecho al olvido.
No obstante, Palomar ha explicado que hasta que no concluya el estudio jurídico y técnico de la comisión no se podrá incluir el nombre de Baena de nuevo en el RUA.
Solicitan un dictamen a la Agencia de Protección de Datos
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos un dictamen a través del cual señale si el derecho a conocer la verdad y a que se conozca la verdad
que tienen las víctimas de la dictadura franquista choca con el derecho
al olvido o no tiene límites a la hora de generar conocimiento acerca
de violaciones de derechos humanos, como dictan diversas revoluciones de
la Organización de Naciones Unidas.
Para el presidente de la asociación, Emilio Silva, "se trata de un caso claro de censura,
ya que el derecho a la verdad prevalece por encima de la protección de
datos de quiénes formaron parte de un régimen sostenido sobre la
violencia, la persecución física, social y penal por causas ideológicas y
la colaboración con un régimen antidemocrático".