Los procesos militares contra el poeta Miguel Hernández: irregularidades, avales desaparecidos y un protagonista 'anonimizado'
El poeta comunista Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942) permaneció encarcelado por el franquismo en la posguerra hasta que falleció por las duras condiciones carcelarias. A pesar de la abundante bibliografía sobre el poeta —han pasado exactamente ocho décadas desde su trágica muerte— aún quedaban flecos por cubrir sobre el final de su vida y la condena por parte de la dictadura. El Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante han editado al alimón Los consejos de guerra de Miguel Hernández, el estudio más actualizado sobre los procesos contra el escritor que incluye un facsímil con los dos sumarios militares y que reseña las irregularidades de la justicia franquista.
Se trata de dos sumarios paralelos, en Orihuela (el 4487) y en el Juzgado de Prensa de Madrid (el 21001). “Incluso en el marco jurídico de la posguerra era ilegal a la luz del Código de Justicia Militar de 1890 aplicado entonces”, explica elDiario.es el catedrático de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá, autor de un extenso estudio introductorio.
En el sumario 21001, depositado en el Archivo General Histórico de Defensa de Madrid, el investigador ha detectado una “sorprendente” y “sospechosa” ausencia de los testimonio de personajes próximos al régimen, como el abogado Juan Bellod Salmerón (secretario de la Jefatura Provincial de la Milicia de Falange Española y de las JONS de Valencia), el clérigo Luis Almarcha o los escritores José María de Cossío, Ernesto Giménez Caballero o Rafael Sánchez Mazas. Ninguno de ellos fue citado a declarar ante el juez Manuel Martínez Gargallo.
La actuación del grupo de poetas e intelectuales falangistas, que defendió tras la muerte del poeta la tesis de haber trabajado para conseguir su liberación, queda cuestionada en el estudio histórico que revela algunas atribuciones falsas, silencios sorprendentes acerca de los vínculos con los represores y datos que relativizan el alcance real de esas gestiones.
Con el precedente del asesinato del poeta Federico García Lorca, el régimen intentó evitar la repercusión internacional a la espera del “arrepentimiento por fuera desesperación”. “Estoy convencido”, asegura Juan Antonio Ríos Carratalá, “de que nunca pensaron ejecutarle; prefirieron condenarlo a muerte y luego dejar pasar meses y meses a la espera de que se retractara”.
Los sumarios incluyen errores (como fechas equivocadas, datos incompletos, ausencia de informes preceptivos, variaciones no justificadas en la evaluación de las pruebas o falta de comunicación entre distintos organismos judiciales) que son fruto de la precipitación y de la evidente ausencia de garantías jurídicas en el marco de la naciente dictadura franquista, desbordada en la posguerra por la interminable tarea represiva.
“Hubo una evidente ilegalidad porque ambos consejos de guerra simultáneamente juzgaron los mismos hechos de un solo encausado”, abunda el investigador que incide en el hecho de que los juzgados de Orihuela, Elche y Alicante continuaron la instrucción a pesar de que el juez Martínez Gargallo había solicitado su inhibición. “Esta actuación fue irregular a la luz del Código de Justicia Militar y se llevó a cabo con plena conciencia por parte de los implicados”, agrega.
“La validez legal de los avales localizados en favor de Miguel Hernández, o de los que hay referencias acerca de su existencia, es prácticamente nula”, precisa Ríos Carratalá. Así, los avalistas nunca confirmaron sus testimonios prestando declaración en el Juzgado Militar de Prensa. El juez instructor tampoco tuvo la oportunidad de incluir en el sumario los documentos firmados por los avalistas para que pudieran ser tenidos en cuenta en la sentencia del poeta al no haberse inhibido los juzgados alicantinos.
“La sentencia se dictó sin ningún posible testimonio en defensa del acusado, que careció, además, de abogado defensor [el alférez Diego Romero Pérez] hasta pocas horas de la sesión plenaria”, recuerda el editor de la obra.
El papel de Antonio Luis Baena Tocón
Sobre la actuación del secretario del Juzgado Militar de Prensa, el autor indica en una curiosa nota a pie de página que se ve obligado a preservar su anonimato en el trabajo de investigación editado por la Universidad de Alicante y el Ministerio de Defensa. Se refiere, sin citarlo expresamente, a Antonio Luis Baena Tocón, cuyo hijo emprendió una batalla en los tribunales para intentar censurar los trabajos académicos que aluden a la implicación del alférez jurídico en el proceso contra Miguel Hernández.
A pesar de que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante avaló que el derecho de los investigadores académicos a aludir al papel de Antonio Luis Baena Tocón, su hijo mantiene una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz contra 107 personas (entre ellos el propio catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, historiadores, periodistas e incluso instituciones académicas), en la que solicita una indemnización de 11,5 millones de euros por la presunta intromisión al honor de su padre fallecido.
Además, el descendiente del secretario del Juzgado Militar de Prensa también ha plantado cara a Google en la Audiencia Nacional para intentar que se retiren de la red las referencias al papel de su padre en el proceso contra Miguel Hernández. “Las citadas circunstancias y el más absoluto respeto a las decisiones judiciales me llevan a preservar el anonimato del secretario a la espera de que unos nuevos fallos favorables a mis intereses me permitan facilitar su nombre, como sucede con el resto de los protagonistas de estos episodios históricos”, indica el autor del estudio en la llamativa nota al pie de página (“Una historia sin nombres es un imposible, aparte de un dislate”, apostilla a continuación).
Pese a la prudencia, el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá no se resiste, aun sin citarlo expresamente, a reseñar el papel del alférez jurídico. “Siempre fue el encargado de localizar o recabar las pruebas de cargo al margen, hasta cierto punto, de lo establecido explícitamente por el artículo 377 del Código de Justicia Militar”, desliza el autor.
Al margen de prevenciones jurídicas, el estudio (que se presenta este lunes, coincidiendo con el 80 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández, en el Aula Magna de la Facultad de Letras de la Universidad de Alicante) culmina los trabajos biográficos sobre los trágicos últimos años del poeta comunista. “Puede aparecer algún documento más pero es complicado, no nos queda por escarbar en casi ningún sitio”, concluye Juan Antonio Ríos Carratalá.
Tomado de Diario.es
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